La acción fue presentada por la Corporación Defensoría Militar y cuestiona la interpretación de la JEP que limita la apelación de las decisiones de selección de casos. El Alto Tribunal evaluará si dicha interpretación vulnera la legalidad, el debido proceso y las garantías judiciales de los comparecientes.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Corporación Defensoría Militar, en la que se solicita tumbar la interpretación adoptada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que restringe el derecho a la segunda instancia para los comparecientes, entre ellos, numerosos miembros de la Fuerza Pública, frente a las decisiones de selección de casos.
La controversia se origina en la Sentencia Interpretativa TP-SA SENIT 3 de 2022, mediante la cual la Sección de Apelación de la JEP decidió que el recurso de apelación solo procede cuando la selección de un caso es negativa, excluyendo la posibilidad de apelar cuando la selección es positiva. Según la demanda, esta interpretación desconoce lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1922 de 2018, que consagra que todas las decisiones de selección son apelables, sin distinción.
La Corporación Defensoría Militar sostiene que esta restricción constituye una extralimitación de funciones, pues la JEP estaría modificando una norma procesal cuya regulación corresponde exclusivamente al Congreso. Además, advierte que la decisión afecta gravemente el derecho a la defensa, la contradicción y el acceso a un recurso judicial efectivo, ya que la selección positiva define aspectos esenciales como las conductas atribuidas, los patrones macrocriminales, el marco del reconocimiento de responsabilidad y las eventuales sanciones.
En su auto de admisión, el magistrado sustanciador Jorge Enrique Ibáñez Najar reconoció que la demanda cumple con los requisitos constitucionales y legales para ser estudiada de fondo, y ordenó comunicarla a las principales autoridades del Estado, así como abrir el proceso para intervenciones ciudadanas, conceptos técnicos y el pronunciamiento del Ministerio Público.
Esta es la segunda demanda presentada por la Corporación Defensoría Militar que la Corte Constitucional admite en 2025, reafirmando el papel activo de la entidad en la defensa jurídica de los militares comparecientes y en la vigilancia del respeto por las garantías judiciales dentro de la justicia transicional.
