La protección de las garantías judiciales de los integrantes de la Fuerza Pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido una de las líneas de trabajo permanentes de la Corporación Defensoría Militar. Desde una perspectiva jurídica y académica, CODEM ha promovido la necesidad de que los fines de la justicia transicional se desarrollen en estricto respeto por los derechos fundamentales y las garantías procesales reconocidas en el ordenamiento jurídico colombiano y en los instrumentos internacionales aplicables.
A través de los análisis elaborados por el Centro de Estudios sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (CEJEP), la Corporación ha reiterado que principios como el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a guardar silencio, la doble instancia y la seguridad jurídica constituyen elementos esenciales para la legitimidad y el adecuado funcionamiento del sistema transicional.
La justicia transicional exige un equilibrio entre la garantía de los derechos de las víctimas y el respeto por las garantías judiciales de los comparecientes. Estos principios no son excluyentes ni pueden entenderse en tensión permanente; por el contrario, su observancia fortalece la confianza en las instituciones y contribuye al cumplimiento de los objetivos de verdad, justicia y no repetición que inspiran la creación de la JEP.
En ese sentido, CODEM ha sostenido la importancia de que las actuaciones adelantadas ante la jurisdicción transicional garanticen plenamente los estándares constitucionales y convencionales aplicables a todo proceso judicial, particularmente en lo relacionado con el derecho de defensa, la imparcialidad judicial y la presunción de inocencia de los integrantes de la Fuerza Pública sometidos a su competencia.
La Corporación Defensoría Militar continuará aportando al debate jurídico y académico sobre la implementación de la justicia transicional en Colombia, promoviendo la protección efectiva de las garantías judiciales y la seguridad jurídica como pilares fundamentales de un sistema de justicia legítimo, equilibrado y respetuoso de los derechos humanos.
