Hasta el 29 de agosto de 2025, cualquier ciudadano podrá presentar intervenciones ante la Corte Constitucional para defender o impugnar las reglas de interpretación judicial que dieron origen al denominado “Juicio de Prevalencia Jurisdiccional” en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estas intervenciones son un mecanismo de participación directa que busca nutrir el debate jurídico antes de que el alto tribunal adopte una decisión de fondo.
La discusión surge a partir de la demanda presentada por el abogado de la Corporación Defensoría Militar, Juan Daniel Mora Herrera, quien cuestiona que dichas reglas, creadas por la Sección de Apelación de la JEP, afecten las garantías judiciales de los militares comparecientes al introducir mecanismos no previstos en la Constitución ni en la ley.
En esta etapa procesal, además de la ciudadanía, la Corte Constitucional ha invitado a la Procuraduría General de la Nación, universidades, colegios de abogados y entidades del Estado a rendir conceptos especializados que fortalezcan el análisis. Una vez vencido el plazo de intervenciones y recibido el concepto del Ministerio Público, la Corte procederá a estudiar de fondo el caso.
La decisión final del alto tribunal será determinante para establecer si las reglas de la JEP se mantienen o deben ser retiradas del ordenamiento jurídico. Por ello, la participación ciudadana cobra especial relevancia, pues permite que voces diversas se sumen a la defensa de los principios constitucionales y a la protección de las garantías judiciales de quienes comparecen ante la justicia transicional.
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