Ante situaciones que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, la Fuerza Pública cumple un papel fundamental en la conservación y restablecimiento del orden. Sin embargo, su intervención no se desarrolla de manera autónoma ni al margen de la institucionalidad, sino bajo reglas jurídicas claras y en coordinación con la autoridad civil competente.
La actuación de la Fuerza Pública en escenarios de alteración del orden público debe desarrollarse bajo el marco de la ley, en apoyo de la autoridad civil y con respeto por los derechos humanos.
En este contexto, una de las figuras previstas por el ordenamiento jurídico colombiano es la Asistencia Militar, contemplada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta herramienta permite que la autoridad civil convoque a la institución militar para apoyar la atención de situaciones de grave perturbación a la convivencia ciudadana, riesgo o peligro inminente, emergencia o calamidad pública.
La Asistencia Militar responde al principio de supremacía civil sobre el poder militar. Esto significa que corresponde a la autoridad civil adoptar las decisiones sobre la conservación del orden público, mientras que la Fuerza Pública presta apoyo técnico, operativo y especializado dentro de los límites establecidos por la Constitución, la ley y los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Su aplicación debe ser temporal, excepcional, necesaria y razonable. No se trata de una medida ordinaria ni permanente, sino de una herramienta prevista para circunstancias específicas en las que se requiere apoyo institucional para mitigar los efectos de una alteración grave de la seguridad o la convivencia.
Cuando los integrantes de las Fuerzas Militares actúan bajo esta figura, lo hacen en desarrollo de actividades de policía, orientadas a proteger la vida, la integridad, los bienes, la infraestructura, los servicios esenciales y la convivencia ciudadana. En todo caso, sus procedimientos deben garantizar la dignidad humana, el respeto por los derechos fundamentales y el uso proporcional de la fuerza.
También es importante diferenciar la Asistencia Militar de las tareas de Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil. Mientras la Asistencia Militar tiene fundamento normativo y se activa para atender alteraciones de la seguridad y convivencia ciudadana, las tareas de apoyo a la autoridad civil tienen un carácter más técnico y operacional, como salvar vidas, proteger infraestructura, restaurar servicios esenciales o apoyar el funcionamiento del gobierno local.
Desde la Corporación Defensoría Militar reiteramos la importancia de que los integrantes de la Fuerza Pública conozcan el alcance jurídico de sus actuaciones. Comprender cuándo, cómo y bajo qué condiciones pueden intervenir no solo fortalece la seguridad jurídica de quienes cumplen la misión constitucional, sino que también contribuye a una actuación legítima, responsable y respetuosa de los derechos humanos.
La defensa de quienes protegen al país también empieza por la pedagogía jurídica, la claridad normativa y el acompañamiento oportuno frente a los escenarios en los que la Fuerza Pública es llamada a actuar.
