El sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026 puso nuevamente en el centro de la conversación pública la capacidad de respuesta de las instituciones colombianas frente a situaciones de emergencia. El movimiento telúrico, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, afectó diferentes zonas del país y generó una amplia movilización de autoridades y organismos de atención y respuesta.
Ante situaciones de esta naturaleza, surgen preguntas sobre el papel que cumplen las instituciones y, particularmente, sobre las capacidades con las que cuenta el Estado para responder cuando las circunstancias superan los recursos ordinarios. En este contexto, resulta pertinente conocer una figura contemplada por el ordenamiento jurídico colombiano: la Asistencia Militar.
La Asistencia Militar es un instrumento legal y excepcional mediante el cual el presidente de la República ordena el apoyo temporal de las Fuerzas Militares a las autoridades civiles y a la Policía. Su finalidad es responder ante situaciones que superen las capacidades ordinarias, entre ellas graves alteraciones de la seguridad, emergencias, desastres naturales o calamidades públicas.La referencia a los desastres naturales resulta especialmente relevante después de un evento como el ocurrido el 10 de agosto. Sin embargo, es importante hacer una precisión: que ocurra un sismo, una emergencia o una calamidad pública no significa que la Asistencia Militar se active automáticamente. La figura tiene un carácter excepcional y su utilización depende de las circunstancias concretas, de las capacidades disponibles y de las competencias establecidas por la ley.
En otras palabras, la existencia de una emergencia no debe confundirse con la activación automática de la Asistencia Militar. Cada situación requiere una valoración institucional y una respuesta acorde con sus características. En el caso de un desastre natural, por ejemplo, la atención involucra diferentes autoridades, organismos de gestión del riesgo, cuerpos de socorro, servicios de salud, autoridades territoriales y, cuando corresponda, capacidades adicionales de la Fuerza Pública. También es importante comprender quién puede solicitar la Asistencia Militar. Los gobernadores y alcaldes municipales o distritales pueden solicitarla al presidente de la República cuando consideren que las circunstancias requieren este tipo de apoyo. No obstante, solicitarla no significa que sea autorizada automáticamente. Corresponde al presidente evaluar la solicitud y tomar la decisión correspondiente, de acuerdo con el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016
Esta diferencia entre solicitar y autorizar permite comprender mejor la distribución de competencias dentro del Estado. Las autoridades territoriales pueden identificar una necesidad de apoyo y elevar la solicitud, pero la decisión sobre la utilización de la Asistencia Militar corresponde al presidente de la República. Otro aspecto fundamental es el papel que cumplen las autoridades civiles. La participación de las Fuerzas Militares no significa que estas sustituyan a las autoridades civiles. De acuerdo con el material de la Corporación, las autoridades civiles permanecen a cargo y las Fuerzas Militares brindan apoyo.
Esta distinción adquiere especial importancia en escenarios de emergencia. La respuesta institucional requiere coordinación entre diferentes actores y no supone que una institución asuma por sí sola todas las funciones. La asistencia, cuando corresponde, busca fortalecer las capacidades existentes y contribuir a responder ante circunstancias excepcionales.
Además, la Asistencia Militar cuenta con límites relacionados con la actuación de los integrantes de las Fuerzas Militares. El material de la Corporación señala que debe priorizarse el diálogo antes que el uso de la fuerza y que el uso de armas de fuego contra personas se encuentra sujeto a circunstancias excepcionales y a criterios de necesidad y proporcionalidad.
Por ello, hablar de Asistencia Militar en el contexto de una emergencia no significa únicamente hablar de la posibilidad de contar con capacidades adicionales. También implica reconocer que cualquier actuación institucional debe desarrollarse dentro del marco jurídico y respetando las competencias y límites establecidos. El carácter temporal constituye otro elemento esencial. La Asistencia Militar no está concebida como una medida permanente, sino como un apoyo que debe finalizar cuando las autoridades civiles puedan continuar por sí solas.
El sismo del 10 de agosto permite, entonces, abrir una conversación más amplia sobre la manera en que las instituciones responden ante situaciones que pueden superar las capacidades ordinarias. Más que asociar automáticamente un desastre natural con la Asistencia Militar, resulta necesario comprender que el ordenamiento jurídico contempla diferentes mecanismos de respuesta y que cada uno tiene competencias, procedimientos y límites específicos.
En momentos de emergencia, conocer el papel de las instituciones permite comprender mejor cómo se organiza la respuesta del Estado. La Asistencia Militar es una de las figuras contempladas para circunstancias excepcionales, pero su aplicación no es automática ni sustituye las funciones de las autoridades civiles.
