El acuartelamiento es una medida de alistamiento que deben adoptar los miembros de las Fuerzas Militares cuando las condiciones de orden público o seguridad lo ameriten. Su propósito es garantizar que el personal esté disponible para atender, de manera oportuna, las necesidades de protección de la unidad y el cumplimiento de la misión institucional.
Esta medida puede ser dispuesta por el Comandante General de las Fuerzas Militares, los comandantes de cada Fuerza o los comandantes de unidad militar. Existen tres grados de acuartelamiento: primer grado, con disponibilidad del 100 % del personal; segundo grado, con al menos el 50 %; y tercer grado, con mínimo el 25 %. En todos los casos, pueden establecerse restricciones a las salidas individuales o colectivas, así como mecanismos para garantizar el retorno oportuno del personal.
Desde la Corporación Defensoría Militar CODEM, recordamos la importancia de que los miembros de la Fuerza Pública conozcan el alcance de estas disposiciones, así como sus deberes frente al cumplimiento de la disciplina, la seguridad institucional y la protección de la misión constitucional.
De manera paralela, los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo deben mantener absoluta neutralidad política. La Constitución Política establece que no pueden ejercer el derecho al voto ni intervenir en actividades, campañas o debates de partidos y movimientos políticos mientras permanezcan en servicio activo.
Esto implica que el personal militar no puede usar su cargo, autoridad, uniforme, vehículos, instalaciones, recursos institucionales o redes sociales para apoyar o rechazar candidatos, partidos, campañas o causas políticas. Tampoco puede presionar a subordinados o ciudadanos, financiar campañas, difundir propaganda política ni permitir este tipo de actividades bajo su mando.
El incumplimiento de estas disposiciones puede generar consecuencias disciplinarias, administrativas y penales. Para CODEM, la disciplina, la imparcialidad y la neutralidad son condiciones esenciales para preservar la confianza ciudadana y garantizar que la actuación de la Fuerza Pública se mantenga al servicio de la seguridad, el orden público y la democracia.
